La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León abrió un expediente de queja de oficio y atendió directamente las inconformidades presentadas por madres y padres de familia que han realizado diversas protestas en los últimos días exigiendo ver a sus hijos e hijas ya que aseguran son víctimas de maltrato al interior del DIF del Estado.
La Presidenta del Organismo, Susana Méndez Arellano, explicó que se emitieron medidas cautelares a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Nuevo León, ya que el Estado debe garantizar el interés superior de la niñez y de manera plena los derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr su desarrollo integral.
“Seguiremos insistiendo para que las autoridades acepten en su totalidad las recomendaciones tras acreditarse violaciones graves a los derechos humanos; Además estamos atendiendo el caso de las protestas de padres y madres que exigen ver a sus hijos e hijas, e incluso aseguran que son víctimas de maltrato, discriminación e insultos por parte del personal administrativo del DIF y que no se les brinda información sobre los procedimientos que realizan e incluso señalan que tienen varios meses sin ver a sus hijos, mientras que en otros casos aseguran que los entregaron a familias no aptas para cuidarlos”, explicó Méndez Arellano.
La CEDHNL solicita que se adopten las medidas necesarias y suficientes, para garantizar que las niñas, niños y adolescentes mantengan vínculos de convivencia, contacto y comunicación permanente de modo regular con sus padres, madres, familiares y/o personas significativas.
Además, que se adopten las acciones necesarias para brindar información a las madres y los padres de familia de las niñas, niños y adolescentes involucrados, respecto al procedimiento que realizan.
La Ombudsperson explicó que se deberá responder en un plazo que no exceda de 24 horas siguientes al momento de la notificación.
Adicionalmente, Méndez Arellano, exigió nuevamente respeto a la autonomía constitucional, ante las declaraciones realizadas por el Gobernador de Nuevo León en donde se refirió a la defensora de derechos humanos y aseguró que «se la pasa en DIF Capullos» y que «debería ponerse a jalar», en alusión a las recomendaciones y denuncias hechas por el organismo a partir de presuntos casos de privación de la vida, abuso sexual, difusión de imágenes de niñas, niños y adolescentes, entre otros abusos cometidos al interior de la institución. Dijo que no bajarán la guardia en la defensa, protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, lo cual evidentemente no se consigue con este tipo de violencia institucional y de género que sus declaraciones constituyen.