La Contraloría del Gobierno estatal recibirá un incremento del 73 por ciento en su presupuesto para este 2020, que con el argumento que tendrá que establecer órganos internos de control, pero ha sido una dependencia acéfala.
Han pasado tres contralores, Nora Elia Cantú, Jesús Hernández, operador político y amigo del gobernador Jaime Rodríguez Calderón y Gerardo Guajardo, quien tomó protesta el año pasado, y ningún ha podido transparentar sus acciones.
La Contraloría estatal trabaja en la lógica de operar bajo la opacidad, pues no existe una accesibilidad y transparencia para que los ciudadanos puedan saber los avances en su registro de servidores públicos sancionados.
Mucho menos ofrecer una clara información de cuáles funcionarios públicos han sido sujetos a procesos administrativos, los datos resultan opacos o inexistentes. Con estos antecedentes resulta inexplicable que la Contraloría sea parte del Sistema Estatal Anticorrupción, pues no hay esperanza que sean llevados a proceso funcionarios que hayan cometido un acto de corrupción.
