En los últimos días, las y los usuarios del transporte público en la zona metropolitana de
Monterrey han enfrentado graves problemas debido a la falta de transporte suficiente para
cubrir sus rutas diarias. Esta situación ha dejado a miles de personas sin poder llegar a
tiempo a sus trabajos, escuelas o citas médicas, complicando su vida cotidiana y quitando
tiempo de calidad con sus familias.
Los transportistas han denunciado la falta de pagos por parte del gobierno, lo que ha
agravado aún más la crisis, reduciendo drásticamente el servicio y creando un sistema
inaccesible y poco confiable. Esto obliga a los usuarios a soportar largas esperas y
traslados ineficientes, limitando su acceso a servicios esenciales y afectando su calidad de
vida y salud mental.
A esto se suma el aumento de las tarifas, que ha puesto una presión adicional sobre la
economía de las familias que dependen del transporte público, y estos incrementos no
garantizan mejoras en el servicio. Además, la imposición de un sistema de prepago, que
impide el pago del servicio en efectivo, complica aún más el acceso al transporte para
muchas personas y representa una carga inaceptable. Las soluciones tecnológicas, sin la
infraestructura adecuada, sólo exacerban los problemas existentes.
Desde el inicio de esta administración, se prometieron mejoras en el sistema de transporte
público, incluyendo la adquisición de una nueva flota de camiones. Sin embargo, los
autobuses no llegaron a tiempo, el costo de estos excedió lo previsto y la cantidad
entregada fue insuficiente.
La movilidad es un servicio público y un derecho humano. Es responsabilidad del gobierno
garantizar que cada persona en Nuevo León tenga acceso a un sistema de transporte que les
permita vivir con dignidad y seguridad, más aún tomando en cuenta que existen poblaciones
vulnerables en situaciones de desigualdad social que se ven mayormente afectadas con todas
estas decisiones derivando en violaciones a los derechos humanos de las y los usuarios del
transporte público.
Exigimos al Gobierno del Estado que actúe y resuelva de inmediato la crisis que agravaron
y que está costando tanto a la ciudadanía. Si estas medidas no se toman de manera
oportuna, consideraremos solicitar la renuncia del responsable de la Secretaría de Movilidad
y Planeación Urbana. Es inaceptable que la movilidad continúe en las condiciones actuales.