La Comisi\u00f3n Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo Le\u00f3n, emiti\u00f3 una recomendaci\u00f3n al Secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas; al Comisario General, C\u00e9sar Daniel Ram\u00edrez y a la Directora de Reinserci\u00f3n Social de la Agencia de Administraci\u00f3n Penitenciaria, Mar\u00eda del Carmen Estrada, al acreditar violaciones a derechos humanos por la omisi\u00f3n o negativa en el deber de expedir la constancia relativa a los antecedentes penales.<\/p>\n\n\n\n
Olga Susana M\u00e9ndez Arellano, Presidenta del Organismo explic\u00f3 que se tramitaron diez expedientes con motivo de las quejas que presentaron once personas, quienes se\u00f1alaron que solicitaron a la Agencia de Administraci\u00f3n Penitenciaria la expedici\u00f3n de las constancias y a pesar de que cumplieron con los requisitos establecidos para el tr\u00e1mite de dichos documentos, a la fecha no han recibido respuesta por parte de la autoridad.<\/p>\n\n\n\n
La Ombudsperson se\u00f1al\u00f3 que se evidenci\u00f3 un trato diferenciado, ya que a 5 mil 903 trabajadores del volante les fueron entregadas las constancias; debi\u00e9ndose destacar que, la autoridad comunic\u00f3 que expidi\u00f3 las documentales en atenci\u00f3n a una solicitud que realiz\u00f3 el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo Le\u00f3n, todo esto en el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y el 06 de agosto del a\u00f1o en curso, mientras que al d\u00eda de hoy, las peticiones de las v\u00edctimas se\u00f1aladas en esta recomendaci\u00f3n no han sido atendidas.<\/p>\n\n\n\n
Una de las v\u00edctimas necesitaba la carta de no antecedentes penales para reunir los requisitos y poder participar como aspirante a ocupar el cargo p\u00fablico como titular de la Fiscal\u00eda General de Justicia del Estado; otra para tramitar su visa y poder estudiar en el extranjero mediante un intercambio; dos m\u00e1s, para estar en posibilidad de continuar con su tr\u00e1mite de residencia en los Estados Unidos de Am\u00e9rica; y, siete personas para poder continuar con su tr\u00e1mite de naturalizaci\u00f3n mexicana.<\/p>\n\n\n\n
Es de resaltar que la afectaci\u00f3n generada por el tiempo transcurrido implic\u00f3 que una persona se viera imposibilitada para cumplir con uno de los requisitos para aspirar a un cargo p\u00fablico, como es la titularidad de la Fiscal\u00eda General de Justicia del Estado, lo que resulta relevante, dado el impacto social que esta omisi\u00f3n genera, pues la designaci\u00f3n para ese alto cargo resulta de inter\u00e9s p\u00fablico, sobre todo, por el ambiente generalizado de inseguridad que sufre el Estado de Nuevo Le\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
No pasa desapercibido que este caso no se trat\u00f3 de un asunto aislado, pues diversos medios de comunicaci\u00f3n evidenciaron que a diversas personas que pretendieron participar en el proceso de convocatoria para ese cargo, no afines al Gobierno del Estado, no se les expidi\u00f3 dicho documento, por lo que puede inferirse que no se trat\u00f3 de una conducta negligente, como en los dem\u00e1s casos, sino de un actuar dolosamente deliberado para impedir su participaci\u00f3n, lo que es un hecho notorio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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