La Dirección Jurídica del Congreso del Estado analizará las acciones legales a
seguir ante el incumplimiento constitucional del gobernador, Samuel Alejandro
García Sepúlveda, de nombrar al titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado.
Itzel Castillo Almanza, presidenta de la mesa directiva, refirió en la sesión de la
Diputación Permanente que a finales de 2025, Carlos Garza Ibarra renunció como
secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, tras una década en su
puesto.
La también diputada del Partido Acción Nacional manifestó que ante esta ausencia
el gobernador puso como encargado del despacho al Ciudadano Ulises Carlín de
la Fuente y desde entonces a la fecha ostenta este cargo.
“El Poder Ejecutivo del Estado sigue presionando a la autoridad pública a
ajustarse a su pretensión de evadir el mandato constitucional de allegar una
propuesta para ocupar el cargo de Secretario de Finanzas y Tesorería General del
Estado.
“Hoy como en los últimos años, este Poder Legislativo del Estado ha sido objeto
de estrategias jurídicas del gobernador del Estado que han tenido por objeto
dilatar el ejercicio de las atribuciones constitucionales, y sin embargo hoy va más
allá, al pretender obligar al máximo órgano de fiscalización estatal”.
Ante esta circunstancia la Diputación Permanente acordó analizar por medio de la
Dirección Jurídica del Poder Legislativo y en su caso presentar, la o las
Controversias Constitucionales y/o de Inconstitucionalidad ya sea en el ámbito
local o federal según se determine, en contra de los actos y/u omisiones del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
Así como contra cualquier acto u omisión de cualquier autoridad por cualquier acto
u omisión o normas generales que pudieran invadir la competencia de este Poder
Legislativo y su órgano auxiliar, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León,
garantizada por la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Nuevo
León o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por los que
puedan ser procedentes dichos mecanismos de control constitucional local o
federal.
«Por eso nosotros presentamos éste punto acuerdo para la representatividad como
tal que se me otorgue como Presidente del Congreso para esta controversia y
para todos los que pudieran venir. El área jurídica deberá analizar cuáles van a ser
las vías a seguir para poder nosotros, obviamente desconociendo éste Poder
Legislativo que no existe ningún nombramiento para el Tesorero, por lo tanto,
nosotros no podemos dar esa información, me va avalar a alguien que no ha sido
nombrado tesorero por este Poder Legislativo cómo lo marca la Constitución local
del Estado de Nuevo León», detalló Itzel Castillo Almanza.
